El cambio climático, la baja tasa de crecimiento de la economía capitalista y las tensiones geopolíticas son las tres claves detrás de la Ley de Materias Primas Críticas (CRMA, por sus siglas en inglés), cuyo marco general fue aprobado el pasado 12 de diciembre por el Parlamento Europeo. The Raw Materials Rush (La fiebre de las materias primas), un informe publicado esta semana por el Transnational Institute incide en la incompatibilidad de la ley con los objetivos de reducción de emisiones, y en el hecho de que la Ley sigue la “lógica de comercio e inversión de siempre”.
Un informe destapa la lógica detrás de la estrategia europea para el acaparamiento de materias primas imprescindibles para la transición ecológica.
Se trata de una carrera que afecta al conjunto del planeta, tanto en la tierra como, eventualmente, en los océanos. Este miércoles, 10 de enero, Noruega anunció que va a intensificar la búsqueda de metales preciosos en las aguas profundas, una decisión con la que se ha adelantado a un posible acuerdo sobre minería en aguas internacionales.
El texto final de la Ley aprobada en diciembre incluye una adenda sobre la posibilidad de explorar en el fondo marino “sí se desarrolla una tecnología que garantiza que no se va a dañar el ecosistema”, de forma que no se excluye una posibilidad que, según los expertos, puede tener consecuencias desastrosas sobre la vida marina. Hasta el momento, sin embargo, se trata de la tierra y de una ecuación aparentemente simple: la UE quiere tener acceso a las materias primas necesarias para un futuro “verde”, pero ese acceso está asociado a la explotación de ecosistemas y la violación de derechos humanos, especialmente en comunidades indígenas.
Pese a que estuvo encima de la mesa de los legisladores durante el proceso de negociación de la ley, el reconocimiento explícito y vinculante del derecho de los Pueblos Indígenas al Consentimiento Libre, Previo e Informado, propuesto por el Parlamento Europeo y exigido por las organizaciones de los Pueblos Indígenas no fue incluido en el texto.
Competición entre imperios
La Ley de Materias Primas Críticas es un inventario de los materiales considerados críticos para la transición de la economía en las coordenadas “verdes” del nuevo pacto (Green New Deal) en el que la Comisión Europea ha cifrado la hoja de ruta para el conjunto de la UE y más concretamente para el Plan Industrial del Pacto Verde (GDIP), lanzado hace un año, que lanza una apuesta estratégica por las inversiones en tecnologías más limpias, potenciando específicamente la energía eólica y la solar fotovoltaica.
El plan consiste en atraer la mayor cantidad de materiales críticos, diversificando las fuentes para su obtención, y capitalizar al máximo la fase de mayor extracción de valor, es decir, que el procesamiento de estas materias primas y metales se realice en suelo europeo. Para ello, se requerirán ingentes cantidades de metales como el aluminio, el cobre o el níquel. En un escenario de alta demanda, en el ecuador del siglo –2050– se requerirán 200 mil millones de toneladas de aluminio, un elemento que se usa en las baterías de litio-ion, las pilas de combustible, las turbinas eólicas, los motores a tracción y las solares fotovoltaicas.
Para ese objetivo, en el que la UE se ha propuesto competir con China —y también lo tiene que hacer con Estados Unidos— que, es al mismo tiempo, uno de los grandes proveedores de estas materias primas. En la actualidad, la Unión Europea depende entre el 75% y el 100% de las importaciones de terceros países para el 80% de las materias consideradas críticas.
Lucía Bárcena es una de las responsables del informe del TNI, un documento que detalla cuál es el proceso político y económico puesto en marcha para la obtención de esas 34 materias primas estratégicas: “El principal problema”, explica Bárcena “es que la regulación en ningún momento trata el tema de la reducción del consumo de materias primas, por el contrario establece una serie de objetivos para facilitar la extracción y el acceso a más materias primas”.
Esta investigadora denuncia que la Ley CRMA solo supone el paso de los combustibles fósiles a la energía verde, pero se mantienen los mismos patrones globales de producción y consumo intensivos en energía, “así como las jerarquías globales que generan desigualdad, empobrecimiento y desposesión”.
El plan contempla un principio de abastecimiento por el que, al menos el 10% del consumo anual de materias primas críticas (CRM) de la UE debe extraerse del interior de la UE. Pero, para las investigadoras del TNI, lo que delata el programa es otro objetivo. Al marcar que el 40% del consumo anual de materias CRM procesadas (fundidas y refinadas) debe proceder de la UE, la verdadera carrera “radica en asegurar el acceso a la extracción de las materias primas primarias, que es el primer paso de la cadena de valor”.
Para Bárcena, el plan de la Comisión Europea parte de la constatación de que la UE nunca será autosuficiente en varios de los materiales necesarios “por lo que ha desarrollado un estrategia muy sofisticada que presenta como un win win para los países del Sur global, pero que realmente es más de lo mismo, ellos venden sus materias primas y la UE los procesa, para revenderlos en tecnología renovable”.
Esto lleva, a juicio de las autoras del informe, a un modelo de “Colonialismo verde”, que Bárcena denuncia como “la extensión de las relaciones coloniales de saqueo y desposesión en la era del capitalismo verde, con el desplazamiento de los costos sociambientales hacia los países y comunidades periféricas y priorizando las necesidades energéticas y ambientales (como el agua) de una región del mundo sobre otra”. Si bien, como matiza la propia Bárcena, el hecho de que China, a través de su plan Made in China 2025, se haya orientado hacia el procesamiento de materiales, previa extracción en terceros países, permite hablar de “imperialismo verde”, debido a que China no tiene el pasado colonial que sí tienen Europa o Estados Unidos.
En la actualidad, y según un estudio de Nature citado por el TNI, ocho de cada diez proyectos mineros para la extracción de níquel, cobre y zinc se encuentran en territorios de pueblos indígenas, y más de un tercio de los proyectos minerales relevantes para la transición energética “se encuentran en o cerca de territorios indígenas o tierras de agricultores que enfrentan una combinación de riesgo hídrico, conflictos e inseguridad alimentaria”.
La forma de llevarlo a cabo son los acuerdos unilaterales y tratados comerciales que incorporan restricciones a la exportación, posibles impuestos a la exportación, cuotas o prohibiciones. Los mecanismos de resolución de disputas, ISDS, son fórmulas disuasorias contra la legislación considerada “proteccionista”. El informe de TNI destaca un ejemplo, como son las limitaciones a las exportaciones de níquel y bauxita desarrolladas por el Gobierno de Indonesia para situar al país en el punto de procesador dentro de la cadena de suministro global. Las empresas mineras internacionales, sin embargo, han impugnado esas medidas utilizando varios canales, desde reclamaciones legales nacionales hasta reclamaciones ISDS, previstas en acuerdos internacionales de inversión. La UE, detalla el TNI también reaccionó y presentó en 2019 una demanda contra Indonesia en la Organización Mundial de Comercio.
Las recomendaciones de las autoras de The Raw Materials Rush inciden en una transformación radical del paradigma en la firma de acuerdos comerciales, para que la Unión Europea pase a facilitar apoyo activo a los países del Sur global para desarrollar sus propias capacidades de fabricación, además, indican que la protección ambiental y los derechos humanos deben tener prioridad sobre los intereses corporativos en acuerdos futuros, de los que deben desaparecer las cláusulas asociadas a los tribunales ISDS y sus sucesoras, los tribunales de arbitraje ICS.
