Ecologistas indignadas nos hacemos eco de la campaña de apoyo a las 15 activistas de Futuro Vegetal, detenidas y acusadas de terrorismo, por su acción en las puertas del congreso.
15/15\15: Apoyos a los 15 encausados de Rebelión Científica por la acción ante el Congreso
21 meses y responsabilidad civil
Denunciar la falta de acción de los gobiernos ante la gravísima transformación a la que hemos empujado al sistema Tierra no es delito si la denuncia, al igual que el decir de muchos de los que nos gobiernan, no pasa de la mera verborrea.
Sin embargo, si la denuncia va acompañada de la protesta; si la protesta es no violenta; si además va de la mano de una performance cuyo único objetivo es llamar más poderosamente la atención sobre la gravedad de la transformación del único sistema que nos garantiza la vida; si en la performance utilizas agua tintada con zumo de remolacha —¡zumo de remolacha!— que, enfundado en tu bata blanca de científico loco, arrojas contra la pared mientras subes por la escalinata del Congreso de los Diputados al tiempo que otros despliegan una pancarta en la que se lee “ALERTA ROJA, ESCUCHAD A LA CIENCIA”; si en ese momento la policía te grita y tu respuesta es sentarte en el suelo esperando, sólo esperando; si, en resumen, en esto consiste la protesta que acompaña a tu denuncia, entonces es seguro que, aunque se pida perdón por ello, la denuncia se catalogará en la Memoria de la Fiscalía General del Estado como delito de terrorismo y en juicio la misma fiscalía pedirá 21 meses de cárcel para quienes hayan participado en ella.
Coordinador 15/15\15
Así ha ocurrido a raíz de la protesta que en abril de 2022 llevaron a cabo un grupo de activistas de Rebelión Científica con el fin de denunciar la falta de acción frente al caos climático en el que estamos inmersos, entre ellos el respetado filósofo y poeta Jorge Riechmann, el actual diputado en las Corts valencianas Juan Bordera o nuestra compañera del Consejo de la revista 15/15\15 Belén Díaz Collante. Pero no es por terrorismo que se les encausa. Tampoco por protestar —no es correcto condenar a nadie por ejercer un derecho reconocido en nuestra Constitución—. Se les encausa por haber atentado contra el patrimonio histórico. ¡Con zumo de remolacha! ¿Qué otro argumento utilizar para justificar un escarmiento tan necesario? Reclamar un cambio de paradigma que trastoca las prioridades en las que sustentamos nuestra existencia no justifica, a ojos de la fiscalía, manchar las paredes del Congreso con agua con tintura biodegradable.
Visto así, de poco importa que vayamos hacia el desastre climático; que a las olas de calor le sigan periodos de sequía extrema; que allí donde llueve lo haga de forma torrencial generando inundaciones y riadas; que esté comprometida la estabilidad de los diferentes ecosistemas; que la pérdida de biodiversidad ponga en riesgo nuestra propia continuidad como especie. “Vamos camino de un calentamiento global de más del doble del límite de 1,5 ºC acordado en París —decía António Guterres hace algo más de un año—. Algunos líderes gubernamentales y empresariales dicen una cosa, pero hacen otra. En pocas palabras, mienten. Y los resultados serán catastróficos. Estamos ante una emergencia climática.”
Mienten. Pero eso no es delito. El delito es advertir de una alerta roja y pedir que se escuche a la ciencia. Por eso se castiga con 21 meses de cárcel y al pago de responsabilidad civil al Estado y al Ayuntamiento de Madrid, se lanza un claro aviso a protestantes para evitar que se repita tamaña tropelía y se consigue desviar la atención de la ciudadanía, no vaya esta a pensar que hay líderes gubernamentales y empresariales que dicen una cosa, pero hacen otra.
Mas no será a nosotros a quienes vayan a engañar. Conscientes de la gravedad del caos climático y de sus consecuencias, desde nuestra revista no sólo nos solidarizamos con las 15 personas encausadas (los 15 de la remolacha), sino que consideramos injustificada la solicitud de su enjuiciamiento y las penas solicitadas; valoramos que la acusación cursada por la fiscalía constituye un paso más hacia la criminalización de la protesta climática, pacífica y no violenta; y exigimos que se retiren las acusaciones y se proceda al cierre de los correspondientes procesos penales.